La Barra Mexicana de Abogados piden dejar sin efecto el acuerdo que blinda las obras de "seguridad nacional" de AMLO.

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) piden dejar sin efecto el acuerdo que blinda las obras de «seguridad nacional» de AMLO.

Según la BMA, el acuerdo presidencial que declara de interés público y de seguridad nacional las obras públicas federales, es inconstitucional. Por ello, solicitó al Poder Ejecutivo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dejar sin efecto el acuerdo.

Al respecto, el constitucionalista, Miguel Carbonell, así como el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, y el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, también calificaron de inconstitucional el acuerdo.

La BMA aseguró que el acuerdo es «ilegal» y «deficiente»; además de contener una «incorrecta fundamentación constitucional».

“Manifestamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico nacional”, detalló la Barra Mexicana de Abogados. De igual manera, enlistó una serie de violaciones que se cometen con lo publicado. Entre estas, que se viola la división de poderes porque pretende imponerse indebidamente sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión, además de disposiciones en materia de competencia económica y del derecho humano al medio ambiente.

También, aseguran, trasgrede disposiciones en materia de debido proceso; así como en materia de consulta previa, tanto ambiental, como indígena y otros procesos sociales y agrarios; además de derechos humanos.

Inconstitucional y opaco

El constitucionalista, Miguel Carbonell, señaló que el acuerdo es «claramente inconstitucional».

«El decreto publicado ayer en el DOF en el que se sacan de la manga un concepto de ‘seguridad nacional’, del todo desconocido. Parece un paso claro hacia el autoritarismo”. Así lo publicó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ministro en retiro, José Cossío señaló que «este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional. Con todo respeto, el acuerdo del presidente no puede blindar las decisiones que se tomen con base en él».

A su vez, Ignacio Morales Lechuga, extitular de la Procuraduría General de Justicia, aseguró que «el decreto de AMLO que declara de interés público y seguridad nacional toda la infraestructura es una política de opacidad de la 4T que favorece la corrupción como se ha denunciado públicamente”.

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